Latinhub

El máximo tribunal administrativo de Grecia ordenó hoy el restablecimiento inmediato de la señal de la radiotelevisión pública ERT, en un golpe a la decisión del primer ministro conservador, Antonis Samaras, de cerrar el ente.

En una medida cautelar, el tribunal, llamado Consejo de Estado, sentenció que ERT, cuya sede central en Atenas está tomada por los trabajadores desde la semana pasada, deberá permanecer abierta hasta que se cree una nueva televisión pública. El comité de empresa de ERT había solicitado una medida cautelar que dejara en suspenso el cierre hasta una decisión final sobre el recurso presentado por los trabajadores contra la desaparición de la cadena, que dejó a más de 2.500 personas sin trabajo.

La orden provisional del Consejo de Estado exige que el ministro de Finanzas tome todas las medidas necesarias para restablecer la señal de televisión hasta que sea creado el nuevo ente. La aplicación de la orden empezará a partir del momento en que sea entregada al ministro, lo que está previsto para las 6 de la mañana (la medianoche en Argentina).

El líder del PASOK, Evangelos Venizelos, señaló tras la reunión que aún hay diferencias que abordar, entre las que figura cómo interpretar la medida cautelar decretada hoy respecto a la reapertura inmediata de la radiotelevisión pública.

El 11 de junio pasado, en virtud de un decreto emitido el día anterior, el premier griego ordenó el cierre de ERT y el despido de sus 2.500 empleados con el argumento de que era necesario reemplazar el ente por otro más eficiente y menos costoso. La radio y el canal dejaron de transmitir esa misma noche por primera vez desde su creación en 1938, pero un grupo de trabajadores tomó el edificio del organismo estatal en Atenas y logró seguir emitiendo por satélite gracias a la solidaridad de colegas europeos.

Precisamente, los despidos de empleados públicos -como los de  ERT- son parte de lo exigido a Atenas por sus prestamistas de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo y el FMI, que en 2010 aprobaron darle a Gracia 270.000 millones de euros para evitar la quiebra de sus bancos y, por ende, de la gran banca europea. A cambio, le exigieron salvajes ajustes, entre ellos, el despido de 2.000 funcionarios o empleados públicos hasta finales de julio próximo, sobre un total de 15.000 hasta finales del año próximo.

Las medidas de austeridad profundizaron el malestar popular y la recesión y provocaron el cierre de decenas de miles de comercios y una disparada del desempleo hasta el 27%, un récord para un país de la zona euro.

FUENTE: Telam
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La jueza penal Dolores Sánchez imputó un delito de lesa humanidad y condenó a 28 años de cárcel al militar ex integrante de la OCOA Miguel Dalmao por la muerte en junio de 1974, de Nibia Sabalsagaray. La jueza sostiene que estos delitos "son imprescriptibles y se prohíbe que los Estados adopten medidas que impidan su juzgamiento".

La militante comunista, una profesora de literatura oriunda de Nueva Helvecia fue detenida en su domicilio por personas no identificadas y conducida al Batallón de Ingenieros Nº 5. En ese lugar y en ese momento, Dalmao, que tenía el grado de Alférez, era el encargado interino y estaba a cargo de interrogar a los detenidos. En ese marco procedió a interrogar a Sabalsagaray mediante torturas que terminaronen su muerte.

En su condena, la jueza Sánchez utiliza la figura de delito de lesa humanidad y con eso se opone a la visión mayoritaria en la SCJ: "El desarrollo de la noción 'crimen contra la humanidad' consolidó principios jurídicos esenciales para su juzgamiento: los responsables no pueden estar amparados por el refugio, ni asilo; los delitos son imprescriptibles y se prohíbe que los Estados adopten medidas que impidan su juzgamiento, elementos que se incorporan al concepto de 'crimen contra la humanidad' como notas caracterizantes del mismo".

Por su parte, la defensa del militar apeló la decisión de la jueza Sánchez. “Yo tenía esperanza de que hubiera una sentencia absolutoria, porque es claro que no se ha probado el homicidio”, expresó el abogado Miguel Langón, defensor de Dalmao en declaraciones a El País. Actualmente Dalmao encuentra internado en el Hospital Militar, según indicó Langón,a causa de una “severa afección cardíaca”.

En noviembre de 2010 la Justicia había dispuesto el procesamiento con prisión de Dalmao, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico -  militar (1973-1985). El general fue enjuiciado el 8 de noviembre por la muerte en torturas de Nibia Sabalsagaray, en 1974. El juez Penal de 10º Turno, Rolando Vomero, dispuso en 2010 el procesamiento con prisión de Dalmao y también del coronel (r) José Nelson Chialanza como “coautores” de un delito de “homicidio muy especialmente agravado”, en el marco de la indagatoria penal por el crimen de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray, el 29 de junio de 1974.

FUENTES: la republica, portal 180
FOTO: instantánea de tv

El presidente boliviano Evo Morales anunció que en los próximos días demandará ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, una salida soberana al mar. Morales lo comunicó en el acto central por los 134 años de la pérdida del territorio sobre la costa del Pacífico a manos de Chile durante la guerra de fines del siglo XIX, lo que se conoce en Bolivia como el Día del Mar.

El presidente justificó esa decisión, anunciada ya el 23 de marzo del 2011, tras acusar a los gobiernos chilenos de tener "un comportamiento dilatorio y obstruccionista" y una "actitud soberbia" que impidió cualquier otro camino de solución. Luego de hacer una síntesis histórica de los derechos de acceso marítimo de Bolivia y de los perjuicios económicos que le generó la pérdida de su litoral en el Pacífico, Morales llamó a sus conciudadanos a mantener la unidad para "hacer valer ante el mundo su derecho de acceso al mar" e invocó la solidaridad internacional para apoyar su demanda marítima.

El Tratado de 1904

El Tratado de 1904 fija las condiciones de paz tras la guerra del Pacífico, en que Bolivia aliada de Perú frente a Chile perdió 120 mil kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa marítima. Morales reiteró la necesidad de cambiar ese Tratado "que nos despojó de nuestra cualidad marítima y consolidó la usurpación" y cuyas concesiones compensatorias a favor de Bolivia, según su denuncia, incumple Chile.

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"Una cosa es el pueblo chileno y otra, Sebastián Piñera. Con Piñera, es tiempo perdido; ya no va más, lamentablemente. Otra cosa es con el pueblo chileno, sus instituciones, sus fuerzas sociales, partidos, personalidades, artistas. Por tanto, el diálogo no se rompe con el pueblo chileno y todas sus instituciones, manifestó en una entrevista con el diario La Razón, publicada este sábado. "Cuando los presidentes usan a la patria con fines de su empresa, nunca va a haber entendimiento; más piensan en su empresa que en el pueblo, en su negocio que en la integración, y en sus intereses sobre cómo ampliar su empresa que en la solidaridad y la complementariedad en beneficio de los pueblos. Ésa es nuestra profunda diferencia. Por lo tanto, Piñera ya no va", sentenció.

La respuesta de Chile

Piñera contestó: "Chile y su pueblo defenderán con toda la fuerza de la unidad nacional, la historia y la verdad su territorio, su mar, su cielo y también su soberanía; siempre dentro del marco del derecho y los tratados internacionales", en declaración al diario El Mercurio.

El jefe de Estado aseguró que el Tratado firmado en 1904 "fijó con precisión los límites entre ambos países y constituye el pilar político y jurídico fundamental sobre el que se basa la paz y la estabilidad de las relaciones entre Chile y Bolivia", explicó y aseguró que "se encuentra plenamente vigente" y que "lo hará cumplir". "Las disposiciones de la constitución política de Bolivia referidas a una reivindicación marítima y que fueron mencionadas por el Presidente Morales son totalmente inoponibles a Chile, puesto que el derecho interno de un país no puede ser invocado para intentar de cumplir un tratado internacional", indicó.

Los datos históricos

Bolivia y Chile tienen suspendidas sus relaciones a nivel de embajadores desde 1962, con un breve paréntesis entre 1975 y 1978. Entre 2006 y 2011 hubo un acercamiento entre los gobiernos de Morales y de la entonces presidenta chilena, Michelle Bachelet, por el que se estableció una agenda de 13 puntos que incluyó la demanda marítima boliviana. Sin embargo, las relaciones bilaterales se deterioraron tras el anuncio de Morales hace dos años de que denunciará a Chile ante una corte internacional para que le restituya su acceso al Pacífico.

FUENTE: telam
FOTO: abi

La imputación judicial contra Nicolas Sarkozy en la denominada "Causa Bettencourt", provocó una verdadera conmoción en Francia en la que no faltó la defensa en bloque del ex mandatario por parte de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), así como críticas cruzadas desde el socialismo y desde el ámbito judicial.

Sarkozy fue imputado por “abuso de debilidad” en la causa que investiga los presuntos pagos ilegales de la familia Bettencourt, dueña de L`Oreal, a su campaña a la Presidencia de 2007. La imputación de Sarkozy representa un duro golpe para la UMP, que luego de su desprolija interna de octubre pasado no logra recuperarse y sin que, a excepción del ex mandatario, surja una figura capaz de posicionarse como candidato indiscutible para las elecciones presidenciales de 2017.

Mientras la casa de Sarkozy en las afueras de París se encuentra rodeada de periodistas y fotógrafos de todo el mundo, el líder de la UMP, Jean-Francois Copé, confió que habló con el ex mandatario y que éste “no entiende las motivaciones de esta acusación”.

En tanto que el ex premier y canciller Alain Juppé, quien en 2005 fue condenado por la justicia a dos años de inhabilitación para cumplir cargos públicos por financiamiento ilegal de su partido, se mostro prudente y solicitó en la radio France Inter “respetar la presunción de inocencia que pesa sobre Sarkozy”.

Desde 2010 la justicia investiga para saber si Sarkozy recibió mediante intermediarios dinero de la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt, quien según el diario Libération en 2007 retiró “400.000 euros de sus cuentas en Suiza”, pruebas que ahora habrían sido verificadas. Ayer, al terminar el careo entre el personal doméstico de la familia Bettencourt y Sarkozy, el juez de instrucción de Burdeos Jean-Michel Gentil decidió imputar al ex presidente por "abuso de debilidad" por sus encuentros con Bettencourt, dueña de L`Oreal, hoy de 90 años y en estado de demencia desde 2006, según un peritaje judicial.

Desde el Partido Socialista, el primer secretario Harlem Désir estimó “insoportable las presiones de la UMP sobre la justicia al dejar entender que no cumple con su trabajo en el caso".

Este caso convierte a Sarkozy en el segundo ex presidente en comparecer ante la Justicia después de que su antecesor, el también conservador Jacques Chirac, fuera condenado en 2011 a dos años de cárcel en suspenso y a devolver el dinero a la Alcaldia de París por un caso de corrupción y financiación ilícita de partidos.

FUENTE: TELAM
FOTO: Rick Bajornas

La magistrada Julia Staricco llamó a declarar a ocho ex militares denunciados por delitos de tortura y violencia sexual en una causa colectiva realizada por 28 ex presas políticas en octubre de 2011. Las audiencias comienzaron este martes 12 y se extienden, al menos, hasta el 4 de abril. Entre los acusados se encuentran José Gavazzo y Jorge 'Pajarito' Silveira. Así lo informa esta semana Uruguay Press.

Este martes se prevían las declaraciones de Julio Litovsky; el 13, Hector Lascano; el 14, Asencio Lucero y el 15, Orosman Pereyra. En abril será el turno de Silveira (el 1° de ese mes); Ariel Ubillos, el 2; Gavazzo, el 3 y Gilberto Vázquez, el 4.

Representadas por el abogado Federico Álvarez Petraglia, 28 mujeres denunciaron hace un año y medio haber sufrido 'delitos sexuales y torturas' de manera sistemática por agentes estatales, hombres y mujeres, 'contra las mujeres detenidas por motivos político-ideológicos', en unidades militares como el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención '300 Carlos', el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, entre otros.

En la denuncia se detalla que: 'Los denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos, por acción u omisión, de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales y torturas, afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad'.

El abogado anunció que estos ex oficiales serán 'los primeros' llamados a declarar. La presentación colectiva de casos es la primera en Uruguay que denuncia los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985). En este sentido, en diversos tribunales argentinos ya se sentó jurisprudencia entenidendo que la violación sexual es un delito imprescriptible porque fue cometido de manera sistemática por los condenados en causas de violaciones a los derechos humanos durante los regímenes militares.

También declaran ex integrantes de la Dirección de Inteligencia

Desde el mediodía de este lunes 11 comienzaron las audiencias donde declararon ex integrantes de la Dirección de Inteligencia, acusados por delitos de lesa humanidad en la denuncia presentada por más de 40 militantes comunistas, representados por el abogado Pablo Chargoñia. La citación a declarar ocurre tras el fallo de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley 18.831 emitido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hace poco más de tres semanas; lo que ha representado una esperanza para el colectivo de denunciantes, a pesar de la decisión de la SCJ

Esta decisión suponía la complejidad de avanzar en las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1973-1985), sin embargo, los representantes legales de las y los denunciantes harán uso del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman, además de ateñirse a las Convenciones de derecho internacional a las que adhirió Uruguay.

Los citados a declarar son el Inspector principal (R) Eduardo Tellechea Martìnez; José Luis Tellechea; Inspector Mayor (R) José Lemos Pintos; los Agentes Julio César Cuello, Ernesto Cativa Bresciano, Adolfo Pressa Marquez, Jorge "Charleta" Gundelzoph, Roberto Cuello y Ruben "Cacho" Bronzini Pirez; los Comisarios Benítez, Boris Torres Ramírez, Ariel Ricci Cabeza y José Luis Piñatares; el Capitán de Coraceros Ricado Medina Blanco (recluído a disposición del Juzgado Penal 19°).

También se libró un oficio al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) pidiendo información sobre los profesionales 'Dr. Salomón Cizin y Dr. Kowin' para saber 'si ambos integran sus registros, en caso afirmativo, sus antecedentes y si, oportunamente, fueron sometidos a Tribunales de Etica' debiendo remitir 'testimonios de las actuaciones que obraran en sus archivos'. A estos exagentes de Inteligencia se los acusa de utilizar la tortura como una 'práctica metódica', además de privación de libertad, atentado a la libertad personal cometido por funcionarios públicos encargados de una cárcel, abuso de autoridad contra los detenidos, pesquisa, violencia privada, amenazas, lesiones personales, violación y atentado violento al pudor, cometidos a ex militantes comunistas en el centro de detención de la calle maldonado, durante 1974 y 1983.

La causa se encuentra en estado de presumario y las audiencias continúan el 13, 14, 18 y 20 de marzo.

FUENTES: Uruguay press 38294, Uruguay press
FOTO: morguefile

La policía de Papúa Nueva Guinea ha acusado a 18 solicitantes de asilo con una serie de delitos después de varios disturbios en el centro de detención de la isla de Manus. Diecisiete hombres y una mujer fueron detenidos ayer y acusados de varios delitos, incluyendo asalto, intento de fuga y amenazas.

Comandante de la Policía Provincial Alex Ndrasal dice que algunos de los cargos se refieren a una pelea entre los detenidos el 24 de diciembre en el que resultó herido un guardia de seguridad local. Tres hombres fueron acusados ​​también de un intento de fuga desde el centro a mediados de enero.

Ndrasal dice que los detenidos provienen de Irak, Irán y Sri Lanka. Todos ellos han salido en libertad bajo fianza y regresaron al centro de procesamiento. Es probable que se enfrenten al tribunal de la capital provincial Lorengau la próxima semana.

El Departamento de Inmigración dice que Australia mantiene su compromiso de apoyar a la policía local en su investigación, pero dice que es en gran medida responsabilidad de las autoridades locales.

FUENTE: ABC

La policía ha suspendido su investigación sobre si el ex ministro del gobierno de Howard Mal Brough estaba involucrado en una conspiración para derrocar a su adversario político, el diputado federal Peter Slipper. En diciembre el diputado laborista Graham Perrett escribió a la Policía Federal Australiana (AFP), pidiéndoles que investiguen a Brough porque fue parte de una campaña para dañar a Slipper y a gobierno federal.

Él hizo la petición después de que un juez del Tribunal Federal desestimara un caso de acoso sexual contra el señor Slipper, declarando que es un abuso del proceso y que fue diseñado para favorecer los intereses políticos de Brough y del Partido Liberal Nacional (LNP).

En una carta enviada a Perrett, el comandante Raiser Errol de la AFP, dice que la investigación sobre las acciones de Brough fue suspendida a causa de la acción legal en curso.

"A medida que los hechos que rodean la apelación son consistentes con su referencia, la AFP ha suspendido su evaluación del asunto hasta que el resultado de la apelación haya finalizado". Perrett dice que está decepcionado por la decisión, dado que la elección es el 14 de setiembre y hay menos de 200 días hasta esa fecha.

"Me consuela el hecho de que, obviamente, ven esto como grave, pero estoy preocupado por el hecho de que han suspendido su investigación. Un retraso de tres meses es bastante significativo. Tenemos una elección el 14 de setiembre donde la credibilidad del señor Slipper y el buen nombre de sus votantes es importante".

Perrett dice que va a estar escribiendo de nuevo a la AFP, con el argumento de que partes de la investigación podrían continuar a pesar de la apelación porque Brough no es parte en la acción legal en curso.

FUENTE: ABC
FOTO: instantanea tv

La Justicia de Uruguay ordenó la prisión preventiva, por lesiones graves, de cuatro mujeres blancas acusadas de haber golpeado en diciembre pasado a una reconocida activista afrodescendiente, pero descartó que el ataque haya tenido motivaciones racistas.

El juez Juan Carlos Fernández Lecchini determinó que las cuatro mujeres permanecerán presas hasta que se realice el juicio, tras haber recibido las declaraciones de la víctima y de tres de las cuatro imputadas. Las tres acusadas se entregaron el lunes pasado a la Justicia, tras haber permanecido prófugas durante más de un mes.

El caso ocurrió a mediados de diciembre, cuando Tania Ramírez, funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y militante de la organización Mizangas, fue agredida por cuatro mujeres a la salida de una discoteca, tras pugnar por quedarse con el mismo taxi.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, repetidamente emitidas por la televisión uruguaya, se ve a las agresoras derribar a Ramírez en varias ocasiones y golpearla duramente.

Varios testigos afirmaron que durante la pelea, las acusadas profirieron insultos racistas contra la víctima, que quedó varios días internada en terapia intensiva en un hospital de Montevideo, fuera de peligro pero con daños en el hígado. El fiscal señaló que no tenía pruebas para demostrar que se trató de una pelea por motivos raciales, situación que fue recogida por el juez.

FUENTE: Telam
FOTO: morguefile 

La Corte Suprema de Chile anuló este miércoles de manera parcial los juicios por los que habían sido condenados dos mapuches, que hace 59 días están en huelga de hambre, al disponer un nuevo proceso para uno de ellos y cambiar el encuadramiento del delito cometido para el otro.

Paulino Levipán, de 19 años, y Daniel Levinao, de 18, fueron condenados en agosto por un tribunal de la localidad de Angol, en el sur de Chile, a 10 años y un día de prisión por homicidio frustrado contra el general de Carabineros Iván Bezmalinovic y su comitiva en noviembre de 2011, y a otros 541 días por portación ilegal de arma de fuego.

Ambos se declararon en huelga de hambre en reclamo de la anulación de ese juicio y sus defensas presentaron con ese fin un recurso de nulidad, sobre el cual se pronunció este miércoles la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema en una sentencia unánime.

Los ministros resolvieron anular el juicio contra Levinao por considerar que hubo "una evidente falta de fundamentación" en el fallo, y ordenó realizar un nuevo juicio.

El máximo tribunal, sin embargo, mantuvo para ambos los 541 días de presidio por el delito de portación ilegal de armas de fuego, pena que para el caso de Levipán también se determinó como remitida.

En tanto, otros cinco presos mapuches depusieron el martes una huelga de hambre que duró 23 días tras lograr un acuerdo con Gendarmería (guardia de prisiones) para que se les traslade desde el penal de Temuco al de Angol, a 140 kilómetros de distancia, y estar así más cerca de sus familias.

En los últimos años varios indígenas protagonizaron huelgas de hambre con el fin de presionar a las autoridades con distintos objetivos, como el traslado a otros penales, la suspensión de sus juicios o la no aplicación de la ley antiterrorista.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, en una visita que hizo a la comuna de Ercilla el 16 de octubre pasado, rechazó la presión de los comuneros y ratificó su acuerdo con el fallo que los había condenado y que este miércoles revirtió la Corte Suprema.

"¿Vamos a permitir que ese intento de homicidio quede impune? La justicia llegó a un fallo definitivo y por tanto pienso que si ellos cometieron un delito, la huelga de hambre no es legítima ni eficaz", comentó entonces el mandatario en medio de abucheos de grupos detractores.

FUENTE: telam
FOTO: mapuches.org

Un tribunal británico aceptó la semana pasada la demanda interpuesta contra el Reino Unido por tres ancianos kenianos del movimiento "Mau Mau" que afirman haber sido víctimas de crímenes durante la era colonial en Kenia. Los ancianos afirman haber sufrido torturas y abusos sexuales en campos de detención durante el levantamiento Mau Mau contra los colonizadores británicos en los años 1950.

El juez del Tribunal Superior de Londres, Richard McCombe, estimó que "un juicio justo en esta parte del caso sigue siendo posible y que las pruebas de las dos partes continúan siendo considerablemente convincentes para que el Tribunal pueda llevar a cabo su tarea de manera satisfactoria".

El fallo llega tres meses después de que la demanda fuera examinada en una vista de 15 días celebrada en el mes de julio. Jane Muthoni Mara, Paulo Muoka Nzili y Wambugu Wa Nyingi, que no estaban presentes este viernes en el tribunal, afirman haber sufrido torturas y abusos sexuales en campos de detención durante el levantamiento Mau Mau contra los colonizadores británicos en los años 1950

Según sus abogados, Mara fue víctima de abusos sexuales, Nzili fue castrado y Nyingi duramente golpeado.

Los tres piden una disculpa al gobierno británico y la creación de un fondo para las víctimas. Este juicio podría sentar jurisprudencia para un millar de kenianos que fueron víctimas de represión y continúan vivos.

La brutal represión de la revuelta Mau Mau causó más de 10.000 muertos entre 1952 y 1960, tres años antes de la independencia de Kenia. Decenas de miles de personas fueron encarceladas, entre ellas el abuelo del presidente de Estados Unidos Barack Obama.

FUENTE: rfi
FOTO: morguefile